La inminente renovación del gabinete del gobernador Salomón Jara Cruz en el estado de Oaxaca constituye una coyuntura estratégica para redefinir el estándar ético y profesional de la administración pública estatal. Más allá de los equilibrios políticos, los relevos deben leerse como una oportunidad para fortalecer la legitimidad institucional, consolidar capacidades técnicas y enviar señales claras de compromiso con el interés público. En un contexto donde la ciudadanía demanda resultados tangibles en materia de desarrollo social, infraestructura, seguridad y transparencia, la conformación del gabinete no puede responder únicamente a criterios de lealtad política, sino a parámetros objetivos de idoneidad.
El primer requisito indispensable es la incorruptibilidad acompañada de una conducta austera. Quienes integren el gabinete deben contar con una trayectoria pública y privada que evidencie integridad comprobable, ausencia de conflictos de interés y coherencia patrimonial. La experiencia comparada demuestra que los costos reputacionales de designaciones cuestionables superan cualquier beneficio coyuntural. La austeridad no debe entenderse como retórica, sino como práctica administrativa concreta: uso racional del presupuesto, eliminación de privilegios y rechazo explícito al enriquecimiento derivado del cargo. En una entidad con profundas brechas sociales, el ejemplo ético de la alta dirección gubernamental constituye una condición de credibilidad frente a la ciudadanía.
Un segundo componente esencial es el perfil técnico. Las secretarías estatales gestionan políticas complejas que involucran planeación, programación presupuestaria, evaluación de desempeño y coordinación interinstitucional. Por ello, las personas designadas deben poseer formación especializada, experiencia acreditable en el sector correspondiente y capacidad para traducir diagnósticos en políticas efectivas. La técnica, en este sentido, no excluye la sensibilidad política, pero sí exige dominio del marco normativo, comprensión de indicadores y capacidad de gestión basada en evidencia. Sin profesionalización, la toma de decisiones se vuelve reactiva e improvisada, debilitando la eficacia gubernamental.
Un tercer elemento es la vocación de servicio y la orientación a resultados con enfoque social. La renovación del gabinete debería privilegiar perfiles comprometidos con la reducción de la pobreza, el combate a la desigualdad y el fortalecimiento institucional. Ello implica capacidad de diálogo con municipios, organizaciones sociales y sectores productivos, así como disposición para rendir cuentas de manera periódica y transparente. La legitimidad política se construye no sólo con discurso, sino con resultados verificables y mecanismos claros de evaluación.
La renovación del gabinete en Oaxaca representa una prueba de coherencia entre principios y decisiones. La combinación de incorruptibilidad, austeridad, capacidad técnica y compromiso social debe constituir el criterio rector de las designaciones. Si la nueva integración logra articular estos atributos, el gobierno estatal podrá consolidar una administración más profesional, eficiente y confiable; de lo contrario, la oportunidad de fortalecer la confianza pública podría diluirse. La coyuntura exige, por tanto, perfiles que encarnen ética, competencia y responsabilidad pública como condiciones mínimas para ejercer el poder en beneficio colectivo.
