En México, la salud mental ha sido durante décadas una de las áreas más rezagadas dentro del sistema de salud pública. A pesar del aumento sostenido de trastornos psicológicos en la población, este tema continúa siendo relegado frente a otras prioridades gubernamentales, evidenciando una falta de atención estructural que impacta directamente en el bienestar social.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los países deberían destinar al menos el 5% de su presupuesto en salud a la atención de la salud mental. Sin embargo, en México, la inversión apenas oscila entre el 1.2% y el 1.6% del presupuesto total en salud, lo que refleja una brecha significativa entre las recomendaciones internacionales y la realidad nacional (OMS, 2022; Secretaría de Salud, 2023).

Este rezago resulta aún más preocupante si se considera el tamaño y la diversidad de la población mexicana. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el país contaba con aproximadamente 126 millones de habitantes en el Censo 2020, y se estima que para 2026 la población supere los 132 millones, lo que implica una creciente demanda de servicios de salud, incluyendo la atención psicológica y psiquiátrica (INEGI, 2020).

En este contexto, el estado de Oaxaca enfrenta desafíos particularmente complejos. Diversos informes de la Secretaría de Salud señalan que existe una alta prevalencia de trastornos mentales, especialmente entre jóvenes, quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad debido a factores sociales, económicos y culturales. Se estima que entre el 20% y el 30% de la población oaxaqueña presenta algún problema de salud mental, incluyendo depresión, ansiedad y estrés.

Además, los datos más recientes muestran una tendencia preocupante al alza: en 2025 se registraron más de 2,600 casos de depresión, lo que representa un incremento superior al 10% respecto al año anterior. Tan solo en 2024, se reportaron más de 2,300 casos de depresión, evidenciando un crecimiento sostenido en la incidencia de estos trastornos.

A nivel de atención institucional, los Servicios de Salud de Oaxaca han brindado decenas de miles de consultas; por ejemplo, se reportan más de 75 mil atenciones en salud mental, donde la ansiedad (52.8%) y la depresión (25.1%) representan los padecimientos más frecuentes. Asimismo, más de 29 mil atenciones psicológicas han sido otorgadas en la red hospitalaria estatal, principalmente por depresión, ansiedad e ideación suicida.

Sin embargo, este esfuerzo resulta insuficiente frente a la magnitud del problema. La infraestructura especializada es limitada: el estado cuenta prácticamente con un solo hospital psiquiátrico público y un número reducido de centros de atención, concentrados en zonas urbanas. Esta centralización deja en clara desventaja a comunidades rurales e indígenas, donde el acceso a servicios de salud mental es mínimo o inexistente.

La problemática se agrava al observar indicadores críticos como el suicidio. Entre 2018 y 2022 se registraron 875 suicidios en Oaxaca, principalmente en hombres, mientras que en años recientes se ha señalado que ocurre aproximadamente un suicidio cada dos días en la entidad. Aunque la tasa estatal puede ser menor en comparación con otras entidades, la tendencia al alza y su impacto en jóvenes la convierten en un problema de salud pública prioritario.

Aunado a esto, Oaxaca presenta condiciones socioculturales particulares: es el estado con mayor proporción de población indígena en el país, con más del 30% de hablantes de lengua indígena, lo que implica retos adicionales en términos de acceso, pertinencia cultural y atención especializada en salud mental.

La falta de atención preventiva en salud mental no solo afecta a nivel individual, sino que tiene repercusiones sociales profundas. Problemas como el incremento de la violencia, el consumo de sustancias, el abandono escolar y los suicidios están estrechamente relacionados con la ausencia de políticas públicas efectivas en este ámbito (OPS, 2021).

Por ello, resulta fundamental replantear el enfoque con el que se aborda la salud mental en México. Más que un sistema reactivo que interviene cuando los problemas ya son graves, se requiere un modelo preventivo que promueva el bienestar emocional desde etapas tempranas y garantice el acceso equitativo a servicios especializados en todos los niveles de atención.

En conclusión, la salud mental no puede seguir siendo una prioridad secundaria en la agenda pública. Es urgente que los gobiernos fortalezcan la inversión, amplíen la cobertura de servicios y promuevan políticas integrales que respondan a las necesidades reales de la población. Invertir en salud mental no es un gasto, sino una estrategia indispensable para el desarrollo social y humano del país.