Las recientes denuncias por presuntas falsificaciones de documentos en agravio de mi persona marcaron un punto de quiebre en el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca. La controversia derivó en la remoción de la entonces directora general, Angélica García Pérez, en medio de un clima de tensión institucional y exigencia pública de esclarecimiento. Más allá del caso particular, el episodio abrió un debate más amplio sobre la legalidad, la ética administrativa y los mecanismos de control al interior del subsistema.

En su lugar, se espera que la maestra Delfina Guzmán Díaz asuma la conducción con una visión más sensible, institucional y estrictamente apegada al marco legal. La comunidad educativa demanda no sólo estabilidad, sino una conducción que privilegie el diálogo, la transparencia y el respeto irrestricto a los derechos laborales y administrativos. El relevo representa una oportunidad para recomponer la confianza y enviar un mensaje claro de que las irregularidades no pueden normalizarse en ninguna instancia pública.

En este contexto, las áreas de oportunidad son evidentes. Resulta prioritario fortalecer los controles internos y los protocolos de validación documental para evitar cualquier acto que vulnere la certeza jurídica de trabajadores y ciudadanos. Asimismo, se requiere revisar los procesos administrativos, digitalizar trámites sensibles y establecer auditorías internas periódicas que permitan detectar anomalías antes de que escalen a conflictos mayores.

Otra vertiente fundamental es la rendición de cuentas. La publicación proactiva de información financiera, los informes periódicos de gestión y la creación de canales efectivos de denuncia contribuirían a construir una cultura organizacional basada en la legalidad y la probidad. La profesionalización de los mandos medios y la evaluación por resultados también deben formar parte de una agenda de modernización que coloque al COBao a la altura de las exigencias actuales.

Finalmente, la reacción del gobernador Salomón Jara Cruz ha sido interpretada como una señal de que no habrá tolerancia frente a posibles actos que vulneren la ley. No obstante, será la eficacia de las medidas implementadas bajo la nueva dirección lo que determine si este episodio se convierte en un punto de inflexión positivo. Al final, la ciudadanía evaluará si el cambio de liderazgo se traduce en mayor institucionalidad, legalidad y resultados concretos para la educación media superior en Oaxaca.