En Oaxaca se ha vuelto una costumbre que las decisiones públicas nazcan al revés. Primero aparece la maquinaria, después los comunicados oficiales y, finalmente, cuando la inconformidad ya está instalada, llegan las explicaciones. Así, el viejo refrán "piensa mal y acertarás" deja de ser una expresión de desconfianza para convertirse en un mecanismo de defensa ciudadana.

Los casos recientes del proyecto de calistenia en el Parque Juárez "El Llano" y del reordenamiento de taxis en la capital son ejemplos de una misma enfermedad institucional. Aunque pertenecen a ámbitos distintos —uno al espacio público y otro a la movilidad— ambos exhiben un problema común: la ausencia de un verdadero proceso de política pública.

La discusión sobre El Llano nunca debió reducirse a estar a favor o en contra de la calistenia. El deporte es necesario y los espacios para la actividad física también. El verdadero debate consiste en preguntarse si una intervención en uno de los parques más emblemáticos de Oaxaca fue precedida por estudios ambientales, diagnósticos técnicos, alternativas de ubicación y, sobre todo, por una consulta abierta con vecinos, especialistas y usuarios del parque.

Diversas organizaciones han denunciado precisamente la falta de socialización del proyecto y la ausencia de información pública suficiente sobre los estudios que lo respaldan.

Algo similar ocurre con el reordenamiento del transporte. Pocos pueden negar que Oaxaca enfrenta un grave problema de movilidad. Durante décadas el crecimiento desordenado de sitios, bases y terminales improvisadas convirtió al Centro Histórico en un espacio saturado. Corregir ese problema era inevitable. Sin embargo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿el reordenamiento fue construido con las personas que diariamente utilizan el transporte o simplemente fue anunciado para que después la ciudadanía se adaptara? La propia estrategia oficial reconoce un proceso escalonado de reubicación y nuevas terminales, pero también ha generado incertidumbre entre usuarios y transportistas sobre los impactos cotidianos de esas medidas.

En ambos casos aparece una constante: la autoridad parece asumir que gobernar consiste únicamente en decidir. Pero gobernar implica algo más complejo. Significa construir legitimidad antes de ejecutar una obra o modificar la vida cotidiana de miles de personas.

Las políticas públicas no comienzan cuando se coloca una primera piedra ni cuando se despliegan operativos. Comienzan mucho antes: con la identificación del problema, el análisis de alternativas, la participación de los actores involucrados, la transparencia de la información y la evaluación de los posibles impactos. Cuando esas etapas se omiten, el resultado suele ser el mismo: desconfianza.

Y esa desconfianza tiene un costo enorme. Incluso una buena decisión puede fracasar cuando la ciudadanía siente que nunca fue escuchada. La oposición deja entonces de dirigirse al proyecto y se dirige al procedimiento. El problema ya no es la obra; es la manera en que se decidió realizarla.

Quizá ese sea uno de los mayores retos para Oaxaca. Durante años se ha confundido gobernar con administrar conflictos. Las consultas llegan cuando la protesta estalla, la información aparece cuando las críticas aumentan y la explicación sustituye a la planeación.

No se trata de detener el desarrollo ni de rechazar cualquier cambio. Se trata de recordar que una democracia no se mide únicamente por las obras que inaugura, sino por la forma en que decide construirlas.

Mientras las decisiones públicas sigan naciendo sin diálogo suficiente, sin planeación visible y sin procesos abiertos, los ciudadanos continuarán haciendo lo único que la experiencia les ha enseñado: pensar mal.

Y, lamentablemente, seguir acertando.