La implementación del denominado bachillerato nacional en Oaxaca ha comenzado con el pie izquierdo, evidenciando fallas estructurales que ponen en duda su viabilidad y, sobre todo, su equidad. Lejos de consolidarse como un modelo que garantice acceso ordenado, transparente y justo a la educación media superior, su ejecución inicial ha generado incertidumbre, inconformidad social y prácticas que remiten a viejos vicios del sistema educativo.
La centralización de las decisiones en la Secretaría de Educación Pública ha impedido una adecuada articulación entre los distintos subsistemas, como el Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, lo que ha derivado en desorganización, inequidad en el acceso y una creciente percepción de discrecionalidad en la asignación de espacios.
Uno de los primeros signos de desorden fue la ausencia de una convocatoria uniforme y clara. Esta omisión provocó que, desde el día domingo, padres de familia comenzaran a formarse durante toda la noche —bajo condiciones adversas como lluvia y bajas temperaturas— con la esperanza de asegurar un lugar para sus hijos. La escena, más cercana a un sistema colapsado que a una política educativa moderna, dejó en evidencia la falta de planeación.
El caso del Plantel 39 Nazareno es ilustrativo. A pesar de contar con capacidad para aproximadamente 350 estudiantes, únicamente se entregaron 300 fichas en un horario reducido de 8:00 a 10:00 de la mañana. Como resultado, decenas de familias que habían esperado durante horas se quedaron sin posibilidad de registro. Este tipo de decisiones no solo carecen de lógica operativa, sino que alimentan la percepción de arbitrariedad.
A ello se suma una práctica profundamente cuestionable: la reserva de fichas. La asignación discrecional de espacios para hijos de funcionarios, actores políticos o personal vinculado a la propia estructura educativa reproduce esquemas de privilegio que contradicen el principio de igualdad de oportunidades. En un contexto donde la demanda supera la oferta, estas acciones generan molestia social y erosionan la confianza en las instituciones.
Otro problema central radica en la falta de claridad sobre el destino de quienes no logran ingresar a su primera opción. Muchos padres de familia rechazan la idea de enviar a sus hijos a una segunda o tercera alternativa, principalmente por razones de distancia, costos de traslado o diferencias en la calidad percibida entre subsistemas. Esto pone en evidencia que el modelo no está considerando las realidades territoriales ni socioeconómicas de las familias oaxaqueñas.
La centralización del proceso también abre la puerta a conflictos de interés y posibles actos de corrupción. Al concentrar en una sola instancia la facultad de decidir qué alumnos ingresan —incluso sin examen— se genera un espacio propicio para decisiones discrecionales. En este escenario, es previsible que los sectores con mayor capacidad económica o influencia política resulten beneficiados, profundizando así las brechas de desigualdad.
En cuanto a la eliminación del examen de ingreso, si bien se presenta como una medida de inclusión, también implica riesgos pedagógicos importantes. La evaluación diagnóstica permite identificar el nivel académico de los estudiantes al egresar de secundaria; sin ella, las instituciones como el COBAO podrían enfrentar grupos con grandes disparidades en conocimientos básicos, particularmente en matemáticas y comprensión lectora. Esto puede traducirse en mayores tasas de reprobación, abandono escolar y dificultades para mantener estándares académicos.
Además, la ausencia de filtros académicos puede saturar planteles de alta demanda sin garantizar que cuenten con los recursos humanos y materiales para atender adecuadamente a todos los estudiantes. En lugar de democratizar el acceso, la medida podría deteriorar la calidad educativa y afectar el desempeño general del sistema.
Finalmente, surge una pregunta fundamental: ¿quién fiscaliza estas decisiones? La falta de mecanismos claros de rendición de cuentas y de participación ciudadana en el proceso deja un vacío institucional preocupante. Sin supervisión externa, la transparencia del modelo queda en entredicho.
El arranque del bachillerato nacional en Oaxaca revela más problemas que soluciones. La falta de planeación, la centralización excesiva, la ausencia de criterios claros de asignación y la persistencia de prácticas discrecionales han generado un escenario de incertidumbre y descontento social. Lejos de consolidar un sistema equitativo, el modelo actual corre el riesgo de profundizar las desigualdades existentes.
Si no se corrigen de manera urgente estos errores, el llamado “milagro” del bachillerato nacional podría convertirse en un ejemplo más de cómo una buena intención se diluye en la mala implementación. Es indispensable replantear el modelo, descentralizar decisiones, transparentar procesos y garantizar que el acceso a la educación media superior se rija por principios de justicia, mérito y equidad.
De lo contrario, no solo se estará fallando a los estudiantes, sino también a la sociedad que deposita en la educación la esperanza de movilidad social y desarrollo.
