El programa “Mi Derecho, Mi Lugar” en Oaxaca se presenta como una política educativa orientada a garantizar el acceso universal a la educación media superior. Al eliminar el examen de admisión y el promedio mínimo como requisitos, el modelo busca romper con esquemas tradicionales de exclusión y abrir oportunidades para todas y todos los egresados de secundaria.

Sin embargo, detrás de esta narrativa incluyente, surgen cuestionamientos fundamentales: ¿realmente se está garantizando el derecho a la educación o solo se está redistribuyendo la desigualdad? La diferencia entre tener un lugar asignado y poder ejercerlo efectivamente es, en este caso, el punto crítico.

El primer obstáculo estructural radica en el propio mecanismo de asignación. Aunque se elimina el examen de admisión, este se sustituye por un criterio basado en el orden de registro y la disponibilidad de espacios. En los hechos, esto transforma el proceso en una competencia silenciosa donde quienes se registran primero —generalmente con mejor acceso a internet, información o acompañamiento— tienen mayores probabilidades de obtener un lugar en su primera opción. Lejos de eliminar desigualdades, el sistema las reconfigura.

A esto se suma una brecha digital evidente. En un estado con profundas desigualdades territoriales como Oaxaca, no todos los aspirantes cuentan con conectividad, dispositivos o habilidades digitales suficientes para completar el registro en condiciones de igualdad. Esto genera una exclusión temprana que no es visible en las cifras oficiales, pero sí en los resultados.

Otro problema crítico es la saturación de planteles de alta demanda. La convocatoria no modifica la capacidad instalada del sistema educativo; simplemente redistribuye a los aspirantes. Esto significa que los planteles mejor ubicados, con mayor prestigio o mejores condiciones, se llenarán rápidamente, mientras que otros recibirán a quienes no lograron acceder a sus primeras opciones. La consecuencia es una asignación que no responde a las necesidades ni a las preferencias reales de los estudiantes.

En este punto emerge uno de los obstáculos más graves: la desvinculación entre asignación y viabilidad real. El sistema no garantiza cercanía geográfica ni considera los costos de traslado, los tiempos de desplazamiento o la seguridad en el trayecto.

Para muchas familias, especialmente en zonas rurales o periféricas, asistir a un plantel lejano implica gastos adicionales o riesgos que hacen inviable la continuidad educativa. Así, aunque exista un lugar asignado, este no necesariamente es utilizable.

También debe considerarse el impacto de los horarios escolares. La asignación podría colocar a estudiantes en turnos vespertinos o mixtos que no son compatibles con sus dinámicas familiares o laborales, especialmente en contextos donde los jóvenes contribuyen al ingreso del hogar.

Otro elemento que genera incertidumbre es la incorporación de criterios como la equidad de género 50+1, cuya aplicación no se detalla con claridad. En contextos de alta demanda, este tipo de criterios puede provocar inconformidades, percepciones de trato desigual e incluso conflictos administrativos si no se implementa con reglas transparentes.

Asimismo, la fragmentación institucional entre distintos subsistemas (COBAO, CECyTE, CONALEP, entre otros) introduce complejidad adicional. Cada subsistema tiene procesos y requisitos propios para la inscripción, lo que puede generar confusión, duplicidad de trámites y barreras administrativas para los aspirantes.

A ello se suma un problema de temporalidad: los resultados se publican el 3 de agosto y el periodo de inscripción inicia apenas unos días después. Este margen limitado reduce la capacidad de reacción de las familias, particularmente en casos donde el lugar asignado no es viable. La falta de alternativas en ese corto plazo puede traducirse en abandono o en la pérdida del ciclo escolar.

Finalmente, el problema de fondo permanece intacto: la falta de expansión del sistema educativo. La convocatoria no contempla incremento de infraestructura, apertura de nuevos grupos ni fortalecimiento docente. Sin un aumento real en la capacidad, cualquier mecanismo de asignación será insuficiente frente a la demanda creciente.

El programa “Mi Derecho, Mi Lugar” representa un esfuerzo discursivo por democratizar el acceso a la educación, pero adolece de una visión integral que garantice condiciones reales de inclusión.

Eliminar el examen de admisión no elimina la desigualdad; simplemente la desplaza hacia otros factores como la conectividad, el tiempo de registro o la capacidad de movilidad.

El riesgo es que esta política genere una ilusión de cobertura total: en el papel, todos tienen un lugar; en la práctica, no todos pueden ocuparlo. Y cuando el acceso no es viable, el derecho a la educación deja de ser efectivo.

Si no se corrigen estos obstáculos estructurales —brecha digital, falta de infraestructura, asignación descontextualizada y procesos poco flexibles— el programa podría consolidar un modelo donde la exclusión ya no es explícita, pero sí profundamente real.