A un año de la entrada en vigor obligatoria del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), Oaxaca enfrenta un escenario crítico: sin presupuesto, con rezagos tecnológicos y en medio de la incertidumbre provocada por la reforma judicial.
Así lo expuso el magistrado Juan Carlos Díaz Carranza al tiempo de lanzar una advertencia directa durante la apertura del foro “Avances y coyunturas: ¿Estamos listos para su implementación?”. Sin recursos, sin infraestructura digital y sin certeza institucional, la implementación del nuevo sistema está en riesgo, dijo el togado ante un auditorio lleno.
El mensaje no fue menor. Fue pronunciado frente al Gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Erika Rodríguez Rodríguez, y representantes de los poderes Legislativo y federal.
En este contexto, de claridad y oportunidad, Díaz Carranza delineó tres obstáculos que, de no atenderse de inmediato, comprometerán la operación del nuevo modelo de justicia civil.
El primero es estructural: aunque hay avances en capacitación, la infraestructura, la conectividad y los sistemas informáticos presentan rezagos que, en sus propias palabras, “no favorecen” el panorama.
El segundo es político-institucional. La reforma judicial y el proceso de elección de juzgadores desplazaron la atención de la implementación del código y abrieron una interrogante crítica: ¿a quién capacitar, si no hay certeza de que quienes hoy se preparan permanecerán en sus cargos?
El tercero, y más grave, es el financiero. Sin presupuesto asignado, advirtió, cualquier intento de implementación será insuficiente.<(p>
“Estamos a escasos doce meses de su aplicación forzosa y los recursos son la piedra angular”, subrayó Díaz Carranza en un necesario o obligado ejercicio de autocrítica.
A contrarreloj, la Comisión de implementación —reconfigurada hace apenas tres meses— intenta avanzar con recursos limitados y en un contexto de presión creciente, con la meta de que Oaxaca pueda operar el nuevo sistema en 2027.
Pero el tiempo corre, y la advertencia ya está hecha: sin decisiones inmediatas, la justicia civil en Oaxaca podría llegar tarde —y mal— a su transformación.
