La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la admisión de dos controversias constitucionales en contra de la reforma judicial, ambas promovidas en Oaxaca; una por el municipio Miguel Amatitlán y otra por el de San Pablo Villa de Mitla, con lo que la SCJN dio la razón a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

La impugnación de ambos municipios se sustentaba en que no se consultó a las comunidades y pueblos indígenas sobre la misma y se omitió su participación en el proceso legislativo que acabó en la aprobación de los cambios constitucionales. Al momento de ser planteadas, estas controversias fueron admitidas a trámite por el ministro Alberto Pérez Dayán.

Entonces, la Presidencia de México instruyó a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para que respondiera; así que en octubre se presentaron los recursos de reclamación 127 y 128/2024, refutando que los municipios no tienen interés legítimo para impugnar reformas constitucionales en materia electoral, por no afectar su esfera competencial.

En los proyectos elaborados por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la Segunda Sala de la SCJN dio la razón al Ejecutivo al concluir que los municipios actores no señalaron violación directa a la esfera jurídica que les otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que carecen de interés legítimo para impugnar la reforma judicial; en todo caso, las vulneraciones que plantean entran en el terreno del Congreso de Oaxaca.

Suman 46 resoluciones en las que declara improcedentes las impugnaciones a la reforma judicial constitucional, que fue publicada el 15 domingo de septiembre del 2024.