La Denominación de Origen Mezcal nació para proteger una bebida ligada al territorio, la cultura y el conocimiento tradicional de las comunidades productoras. En teoría, este reconocimiento evita imitaciones, garantiza calidad y permite que solo los destilados elaborados en regiones autorizadas puedan venderse legalmente como mezcal.
Los resultados económicos parecen exitosos. En 2023, México produjo 12,239,655 litros de mezcal certificado, y Oaxaca concentró el 90.51 % de esa producción. Además, la industria reportó una derrama económica estimada en 36,162 millones de pesos, con alrededor de 55 mil empleos directos y más de 210 mil indirectos.
Sin embargo, detrás de ese crecimiento hay una pregunta incómoda: ¿la Denominación de Origen protege realmente a los pequeños productores o se ha convertido en una puerta de entrada que solo algunos pueden pagar?
Para vender legalmente una bebida como mezcal no basta con sembrar maguey, producirlo en un palenque y conservar una tradición familiar. El productor debe cumplir con la NOM-070-SCFI-2016, someterse a inspecciones, demostrar trazabilidad del maguey, obtener certificados y gestionar la autorización para el uso de la Denominación de Origen ante el IMPI.
Ese proceso busca garantizar calidad, pero también tiene costos. Según cuotas publicadas por COMERCAM, la gestión de la autorización de uso de la Denominación de Origen Mezcal puede costar $2,320 pesos para asociados y $3,480 pesos para no asociados. El registro de marca clase 33 ante el IMPI puede ir de $5,220 a $9,280 pesos, dependiendo de si el productor está asociado o no.
A esto se suman otros pagos: inspecciones, viáticos del personal técnico, análisis de laboratorio, certificados, hologramas y trámites adicionales. Es decir, el costo de certificarse no es un solo pago, sino una cadena de gastos que se repite durante la producción y comercialización.
El propio COMERCAM reconoce esta dificultad al ofrecer un Programa de Apoyo a la Certificación para productores que elaboran un máximo de 1,000 litros mensuales. Esto muestra que, para los pequeños productores artesanales y ancestrales, la certificación puede representar una barrera real de entrada al mercado formal.
Aquí aparece la contradicción. La Denominación de Origen protege el nombre “mezcal”, pero no todos los productores tienen las mismas condiciones para usarlo. Una empresa con capital puede pagar trámites, inspectores, laboratorios, marca, diseño, envasado y exportación. En cambio, un pequeño palenque puede tener el conocimiento, el maguey y la tradición, pero no necesariamente el dinero para cumplir con todo el proceso.
Así, el problema no es solo legal, sino económico. El maestro mezcalero produce el destilado; la comunidad aporta territorio, agua, maguey y trabajo; pero el mayor valor suele aparecer después, cuando el producto se embotella, se registra como marca, se distribuye y se vende como bebida premium en mercados nacionales e internacionales.
La Denominación de Origen ha ayudado a posicionar al mezcal en el mundo, pero también ha creado una diferencia entre quienes pueden pagar el derecho de llamarle mezcal a su producto y quienes quedan fuera, aunque produzcan con métodos tradicionales. Por eso, la pregunta ya no es únicamente si el mezcal está protegido, sino quién puede pagar esa protección.
La Denominación de Origen Mezcal ha sido útil para darle prestigio, reconocimiento y valor comercial a una bebida profundamente mexicana. También ha ayudado a combatir imitaciones y abrir mercados internacionales.
Pero proteger el nombre del mezcal no siempre significa proteger a quienes lo producen. Cuando el acceso a la certificación depende de pagos, inspecciones, trámites, análisis y registros, el sistema puede favorecer más fácilmente a quienes tienen capital que a quienes han conservado la tradición durante generaciones.
El verdadero éxito de la Denominación de Origen no debería medirse solo en litros certificados, empleos generados o botellas exportadas. También debería evaluarse por su capacidad para incluir a los pequeños productores, reducir barreras económicas y garantizar que el prestigio del mezcal beneficie a las comunidades que lo hicieron posible.
