La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) es la instancia responsable de determinar el destino de la mayoría de los vehículos recuperados con reporte de robo, luego de la polémica generada por la posible asignación de unidades aseguradas a municipios del estado.
La aclaración se produjo durante la presentación del Modelo de Integridad Institucional, en medio del debate abierto por el gobernador Salomón Jara Cruz, quien recientemente anunció la creación del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Oaxaca,tras plantear que vehículos asegurados pudieran ser destinados a gobiernos municipales.
Sin embargo, durante su mensaje, el fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla reconoció que la institución tiene la obligación de fortalecer sus mecanismos de vigilancia interna y combatir cualquier posible acto de corrupción.
“La ciudadanía espera de nosotros profesionalismo, honestidad y resultados; espera que cada investigación se realice con rigor, que cada recurso público se utilice correctamente y que cada decisión se tome con apego a la ley, sin privilegios, sin intereses personales y sin espacios para la corrupción”.
Añadió que la propia naturaleza de la institución obliga a ejercer controles internos permanentes.
“Por eso, generar mecanismos sólidos de control interno es una tarea indispensable, porque una institución que investiga delitos también debe ser capaz de revisarse a sí misma, detectar errores, corregir desviaciones, prevenir abusos y sancionar cualquier conducta que se aparte de los principios del servicio público”.
Fiscalía descarta red de corrupción en la AEI
Como parte de la explicación, la Fiscalía rechazó la existencia de una presunta red de corrupción dentro de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) dedicada a reincorporar vehículos robados al mercado mediante documentos de depositaría.
La dependencia presentó el caso de un Volkswagen Jetta robado en Tlaxcala durante 2024 y localizado posteriormente en Oaxaca, el cual fue difundido en redes sociales como supuesto ejemplo de ese esquema ilegal.
De acuerdo con la investigación ministerial, la unidad fue asegurada por agentes de la AEI en febrero de 2026, resguardada en un depósito vehicular y posteriormente entregada conforme al procedimiento administrativo correspondiente. Meses después volvió a ser asegurada al confirmarse oficialmente que contaba con reporte de robo.
Peritajes confirmaron alteraciones y documentación falsa
Los dictámenes periciales establecieron que la placa metálica con el número de identificación vehicular había sido modificada mediante soldadura para ocultar la identidad original del automóvil.
No obstante, el sistema electrónico interno conservaba registrado el número de serie auténtico, lo que permitió confirmar plenamente la identidad de la unidad.
La Fiscalía también informó que la factura presentada para acreditar la propiedad resultó apócrifa. Mediante un escrito oficial, la distribuidora Auto Haus S.A. de C.V. confirmó que dicho documento no fue emitido por la empresa.
¿Qué es OCRA y cuál es su función?
La Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) es un organismo creado por el sector asegurador mexicano que administra el Banco Nacional de Autos Robados y coordina con las fiscalías estatales la localización y recuperación de vehículos con reporte de robo.
Cuando una aseguradora indemniza al propietario de un automóvil robado, adquiere los derechos sobre la unidad recuperada. En esos casos, OCRA administra el procedimiento para determinar el destino final del vehículo, incluida su posible entrega en depositaría cuando así lo permite el marco legal.
La Fiscalía explicó que aproximadamente nueve de cada diez vehículos recuperados en Oaxaca son entregados a OCRA, por lo que las determinaciones sobre su destino corresponden a ese organismo y no a la Agencia Estatal de Investigaciones.
Presentan Modelo de Integridad Institucional
La explicación fue presentada durante el lanzamiento del Modelo de Integridad Institucional de la Fiscalía de Oaxaca, estrategia con la que la dependencia busca fortalecer los mecanismos internos de prevención, supervisión y combate a posibles actos de corrupción.
El modelo reconoce áreas susceptibles de mejora en procesos relacionados con la integración de carpetas de investigación, actuaciones ministeriales y judicialización de expedientes, con el propósito de reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en la procuración de justicia.
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