El Gobierno de Oaxaca encendió nuevamente la polémica sobre las plazas laborales en el estado al revelar que más de mil casos siguen bajo revisión tras la supresión de bases presuntamente irregulares heredadas por administraciones pasadas.

Durante una conferencia, el consejero jurídico Geovany Vásquez Sagrero aseguró que en gobiernos anteriores existió un presunto “tráfico de plazas”, señalamiento que vuelve a colocar bajo presión al sistema laboral estatal y al sindicato burocrático. “Debe quedar claro que hubo tráfico de plazas”, declaró el funcionario.

En medio de la controversia, autoridades estatales detallaron públicamente cuáles son las condiciones legales para obtener una plaza de base dentro de los Poderes del Estado. Entre los requisitos destacan:

Además, los trabajadores deben entregar documentación oficial, comprobantes de pago y constancias laborales.

El secretario de Administración, Noel Hernández Rito, informó que hasta ahora se han atendido mil 52 casos relacionados con plazas eliminadas mediante decreto.

Las cifras oficiales señalan:

Según el gobierno, las revisiones se realizaron en coordinación con el sindicato y forman parte de un proceso para “ordenar” el sistema laboral estatal.

Las declaraciones oficiales también apuntaron directamente a administraciones pasadas. De acuerdo con el consejero jurídico, el sindicato tenía conocimiento de miles de plazas otorgadas durante los gobiernos de:

El señalamiento revive cuestionamientos sobre presuntas prácticas irregulares en la asignación de bases laborales en Oaxaca.

Mientras el Gobierno asegura actuar “con fundamento jurídico”, trabajadores afectados y sectores sindicales mantienen inconformidad por la cancelación de plazas y exigen transparencia total en las revisiones. El tema amenaza con convertirse nuevamente en uno de los principales focos de tensión política y laboral en Oaxaca.