Oaxaca de Juárez, Oaxaca. El programa “Mi Derecho, Mi Lugar” fue presentado por el Gobierno de Oaxaca como una transformación histórica en el acceso a la educación media superior, pero sus primeros resultados lo han convertido en una política marcada por la inconformidad, la sospecha y la falta de rendición de cuentas. Bajo el discurso de que ningún joven debía quedarse sin estudiar, se eliminó el examen de admisión y se prometió una asignación justa de los espacios. Sin embargo, numerosas familias se encontraron con estudiantes de buenos promedios enviados a planteles alejados de sus domicilios, pese a haber solicitado escuelas cercanas. Garantizar un lugar a decenas de kilómetros de distancia no es garantizar plenamente el derecho a la educación, es trasladar a las familias los costos de una mala planeación gubernamental.

Las autoridades han dicho que la distribución fue realizada mediante un algoritmo, pero hasta el momento no han explicado quién lo diseñó, qué dependencia, empresa o grupo de especialistas lo desarrolló, cuánto costó, cuáles fueron sus variables ni qué criterios utilizó para determinar el destino de cada estudiante. Tampoco se conoce si el sistema fue sometido a pruebas, auditorías técnicas o mecanismos de verificación independientes. Un algoritmo que decide el futuro escolar de miles de jóvenes no puede funcionar como una caja negra. Si realmente existe y fue empleado con criterios objetivos, la SEP de Oaxaca debe publicar su metodología, las reglas de prelación, los contratos relacionados con su desarrollo y una explicación clara de cada etapa del proceso.

La ausencia de información alimenta una percepción todavía más grave: que la asignación no respondió exclusivamente a criterios técnicos, sino a relaciones de poder, recomendaciones, influencias sindicales y compromisos políticos. Familias y actores sociales han expresado sospechas de que hijos o personas cercanas a dirigentes sindicales habrían recibido espacios en planteles próximos a sus domicilios, mientras jóvenes sin vínculos políticos fueron enviados a escuelas distantes. Entre los nombres mencionados en el debate público aparece Noé Jara, hermano del gobernador, así como organizaciones sindicales. Estos señalamientos no pueden ser ignorados. La obligación de las autoridades es investigar, transparentar los expedientes y demostrar documentalmente que ninguna recomendación modificó el orden de asignación.

También han circulado versiones sobre supuestos cobros para conseguir lugares en planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, incluso por cantidades que alcanzarían los 30 mil pesos. Por la gravedad del señalamiento, el COBAO, encabezado por Delfina Guzmán Díaz, no puede responder con silencio ni limitarse a negar genéricamente las acusaciones. Debe abrir una investigación interna, habilitar un canal seguro para denuncias, entregar información sobre movimientos, listas, cambios de plantel y asignaciones extraordinarias, y solicitar la intervención de los órganos de control si existen testimonios, transferencias, recibos, mensajes o cualquier otro indicio de venta de espacios.

La rendición de cuentas también corresponde a la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca, encabezada por Fernanda Chávez Cruz, porque fue una de las autoridades responsables de presentar y coordinar el programa. La SEP debe explicar quién tuvo acceso al sistema, qué servidores públicos podían modificar las asignaciones, cuántos cambios se realizaron después del primer resultado, bajo qué justificación y quién los autorizó. No basta con declarar que el proceso fue exitoso porque un alto porcentaje de jóvenes recibió un espacio. Una política educativa no se evalúa únicamente por el número de asignaciones, sino por la imparcialidad, accesibilidad, legalidad y transparencia con que se ejecutó.

A la opacidad se suma la exposición de datos personales de estudiantes menores de edad. Diversos planteles difundieron listas con nombres completos, CURP y datos identificables sin aplicar procedimientos adecuados de anonimización. Esto no puede reducirse a un error menor de comunicación institucional. Se trata de una vulneración potencialmente grave de la privacidad de adolescentes, atribuible a la falta de protocolos, capacitación y supervisión. La SEP y el COBAO deben informar qué planteles publicaron esos documentos, cuánto tiempo permanecieron disponibles, qué medidas adoptaron para retirarlos, si notificaron a las familias y qué responsabilidades administrativas se iniciarán contra quienes autorizaron o permitieron su difusión.

El problema de fondo sigue siendo la eliminación del examen de admisión bajo el pretexto de la justicia social. Cuando los lugares en las escuelas más demandadas son limitados, se necesita un criterio objetivo, verificable y conocido por todos. El examen no es perfecto y debe complementarse con becas, cursos gratuitos, tutorías y apoyos para jóvenes en condiciones de desventaja, pero sustituirlo por un sistema opaco no elimina la desigualdad: solamente cambia la competencia académica por la discrecionalidad administrativa. Los alumnos deben estudiar, presentar una evaluación y ganarse su lugar mediante reglas iguales. El mérito no es contrario a la justicia social; la ausencia de reglas claras sí lo es.

El COBAO y la SEP de Oaxaca deben rendir cuentas públicamente ante las familias, el Congreso, los órganos de control y las instituciones responsables de proteger los datos personales. Deben publicar los criterios completos del algoritmo, los contratos, las listas anonimizadas de asignación, las modificaciones posteriores, las estadísticas por plantel y los mecanismos utilizados para resolver casos especiales. También deben investigar los señalamientos de influyentismo, intervención sindical y presunta venta de espacios, sin proteger a funcionarios, dirigentes o personas cercanas al poder. Mientras no lo hagan, “Mi Derecho, Mi Lugar” seguirá siendo visto no como una política de justicia educativa, sino como un experimento improvisado en el que la opacidad sustituyó al mérito y la propaganda intentó ocupar el lugar de la rendición de cuentas.