Las Leyes de Ingresos Municipales son instrumentos jurídicos anuales que autorizan a los ayuntamientos, en este caso del Estado de Oaxaca, a recaudar los recursos necesarios para financiar su gasto público durante un ejercicio fiscal determinado.

Sin la existencia de este marco legal, dichos ayuntamientos no tendrían facultades para cobrar contribuciones a la ciudadanía, por lo que la función principal es otorgar certeza jurídica, tanto a las autoridades municipales como a los contribuyentes, al establecer con claridad las fuentes de ingreso, los conceptos de cobro y los límites aplicables.

De esta manera, se previenen prácticas discrecionales y se garantiza que los recursos obtenidos se destinen a la prestación de servicios públicos esenciales, como seguridad, alumbrado, agua potable, pavimentación e infraestructura básica.

El sustento constitucional de las Leyes de Ingresos Municipales en el Estado de Oaxaca se encuentra en los artículos 59 fracciones I, II y XIV, y 113 fracción II de la Constitución Política local; artículo 43 Inciso D, Fracción I de la Ley Orgánica Municipal para el Estado; así como en el artículo 115 de la Carta Magna y demás aplicables.

Bajo este marco, los cabildos elaboran y remiten sus proyectos al Congreso de Oaxaca, donde la Comisión Permanente de Hacienda los revisa para verificar su congruencia con los principios de legalidad, equidad, proporcionalidad y disciplina financiera.

Una vez dictaminadas y aprobadas por el pleno, las leyes son publicadas en el Periódico Oficial del Estado y entran en vigor el 01 de enero, concluyendo su vigencia el 31 de diciembre del mismo año.