Venta irregular de terrenos, trámites fraudulentos, duplicidad de propietarios y hasta despojos son la constante en ciudades y comunidades de la Costa de Oaxaca, donde la certeza jurídica se ausenta ante prácticas que lesionan el patrimonio de quienes adquieren bienes inmuebles, especialmente en zonas turísticas.

Esta problemática afecta por igual tierras ejidales, comunales y privadas, como en varios casos documentados de Zicatela, Mazunte, Puerto Escondido y Huatulco, entre otros, en los municipios San Pedro Mixtepec, Santa María Colotepec y Santa María Tonameca.

Aquí es donde la informalidad en la venta de terrenos y el ilegal cambio de uso de suelo son la norma, ya que sin regulación alguna cualquier persona puede ofertar una propiedad -y hasta publicitarla en grupos de facebook-, sin certeza de que realmente sea el poseedor o un intermediario certificado.

De acuerdo con organizaciones civiles como EDUCA Oaxaca, en los recientes meses se han clausurado obras inmobiliarias en la Costa por daños a manglares y zonas naturales protegidas, lo que exhibe que el problema no es aislado, sino parte de un boom inmobiliario que pone en riesgo el equilibrio ambiental y social de la región.

Un terreno es susceptible de ser ofrecido y hasta vendido múltiples veces, incluso cuando ya existe un dueño legalmente en posesión. Para que este trama fraudulenta se lleve a cabo es presumible que exista colusión de autoridades que avalan el modus operandi, o bien siendo omisos en la necesaria verificación de que la relación vendedor-comprador se dé en términos legales; en consecuencia la operación no queda registrada en la oficina de Catastro y Registro Público de la Propiedad.

En algunos casos los propios delegados comunales y presidentes de bienes comunales son señalados como parte del problema, ya que son quienes firman actas de posesión sin verificar antecedentes, facilitando ventas múltiples o irregulares. Esto ha provocado que familias locales pierdan su patrimonio frente a particulares o empresas que se aprovechan de la falta de regulación.

En la mayoría de los casos en estos municipios costeros no existe un padrón predial confiable, tampoco un registro geográfico certero y mucho menos un registro de la propiedad, dando como resultado la inexistencia de datos oficiales o hasta duplicidad de propietarios, lo que acaba por derivar en conflictos.

La situación se agrava, paradógicamente, con la llegada de la autopista a la Costa, que incrementa la especulación del suelo y dispara los precios de terrenos, incentivando aún más las ventas irregulares y acelerando procesos de gentrificación.

La problemática de agrava cuando el comprador es un extranjero, como en muchos de los casos se ha dado, especialmente en municipios costeros, muy atractivos por su plusvalía y el confort que representa contar con una propiedad a pie de mar.

Sin embargo, estas adquisiciones suelen ser irregulares, ya que se adquieren terrenos de origen ejidales o comunales, lo que la ley no admite para este tipo de operaciones. Según la Ley Agraria vigente los terrenos ejidales no pueden ser propiedad directa de extranjeros, ya que la membresía en un ejido está reservada a los ciudadanos mexicanos.

Existe la opción de que los extranjeros inviertan en tierras ejidales, a través de la creación de una empresa mexicana o mediante un acuerdo legal con el ejido que convierta la propiedad en privada, aunque en la mayoría de los casos no se cumple el requisito.

El resultado es un fenómeno creciente de gentrificación: comunidades costeñas que ven encarecer sus tierras y viviendas hasta volverse inaccesibles para la población local, desplazando a familias campesinas y pescadoras para dar paso a complejos turísticos, hoteles boutique y fraccionamientos de lujo.