Nueva Constitución de Oaxaca propone blindar programas sociales y derechos indígenas

Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.- La propuesta de una nueva Constitución para Oaxaca contempla reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, fortalecer la justicia intercultural y dar continuidad a programas sociales estatales. El gobernador Salomón Jara Cruz expuso los planteamientos este 10 de octubre, durante la etapa informativa de los Diálogos Interculturales realizada en Asunción Ixtaltepec, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Jara participó a invitación del Congreso del Estado, en calidad de promovente de la iniciativa, ante autoridades municipales, agrarias y comunitarias. La propuesta fue presentada al Poder Legislativo para su análisis, por lo que sus planteamientos aún deben distinguirse de las disposiciones constitucionales vigentes.

Según lo expuesto por el Gobierno estatal, la reforma busca adecuar la Constitución local a las condiciones actuales de Oaxaca y reconocer su composición pluricultural. Entre sus objetivos están garantizar los derechos de los pueblos originarios, respetar sus lenguas y expresiones culturales, y proteger su patrimonio material e inmaterial.

La iniciativa también propone incorporar el reconocimiento constitucional de programas como Mi Primera Chamba, Tarjeta Margarita Maza, Tarjeta Joven y Mujer Primavera, con el argumento de favorecer su continuidad más allá de los cambios de administración. Además, plantea respaldar presupuestalmente proyectos de infraestructura comunitaria, entre ellos los caminos artesanales.

El gobernador señaló que la iniciativa recoge aportaciones de sectores sociales, académicos, económicos y productivos. La etapa informativa de los diálogos busca que los pueblos y comunidades conozcan el contenido de la propuesta y dispongan de elementos para participar en la consulta, expresar opiniones y formular observaciones.

El proceso está dirigido a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, bajo los principios de consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada. La participación comunitaria y el análisis legislativo serán parte del camino para definir el contenido final de una eventual reforma constitucional.

La discusión no se limita al reconocimiento formal de derechos: también implica determinar cómo se garantizarán, qué mecanismos permitirán exigir su cumplimiento y qué respaldo jurídico y presupuestal tendrán los programas que la iniciativa busca incorporar. Su alcance definitivo dependerá del proceso de consulta y de las decisiones que adopte el Congreso del Estado.