Los 32 tribunales electorales de las entidades federativas escuchan acentos, comprenden contextos y reconocen historias. Esa cercanía se traduce en decisiones oportunas que miran a las personas y no solo a los expedientes. Cuando una mujer es frenada, invisibilizada o atacada por participar en política, respondemos con firmeza. Protegemos su voz, restituimos sus derechos y dejamos claro que la igualdad no es un deseo: es una garantía.
Cada entidad necesita un tribunal electoral propio. No solo porque lo mandata la Constitución y los compromisos internacionales, sino porque una justicia que conoce el territorio actúa a tiempo, con sensibilidad y eficacia. Esa cercanía derriba barreras de acceso, evita traslados costosos, facilita audiencias y permite dictar medidas de protección inmediatas.
Frente a la violencia contra las mujeres, una respuesta cercana frena la escalada, protege candidaturas y resguarda la voluntad ciudadana. Que cada estado cuente con su propio tribunal honra el federalismo y vuelve efectivos los derechos político-electorales.
En América Latina se ha reconocido el valor de la jurisdicción constitucional para erradicar la discriminación. Como ha dicho Flávia Piovesan: “Los tribunales constitucionales tienen un papel decisivo en la afirmación de la igualdad y en la prohibición de la discriminación”.
En México, este papel se fortalece con el control de constitucionalidad y de convencionalidad. Significa que nuestras decisiones se sostienen en la Constitución, en los tratados internacionales y en los estándares de la Corte Interamericana. Esa base es la que permite proteger a la ciudadanía frente a contextos de desigualdad.
En Oaxaca, el Tribunal Electoral acompaña a pueblos y comunidades originarias para incorporar la paridad en sus procesos, con respeto a su autonomía, libre determinación y derecho consuetudinario. Ese acompañamiento busca armonizar las normas propias con el mandato constitucional de igualdad, sin desplazar la voz comunitaria.
Entre 2020 y 2024, en Oaxaca se promovieron más de 390 juicios por violencia política contra las mujeres. En uno de cada cuatro casos se acreditó la agresión. Cada resolución no solo repara; también fija estándares que desalientan nuevas conductas y fortalecen el ejercicio real de los derechos político-electorales de las mujeres.
La experiencia nacional confirma esta eficacia. Entre 2019 y 2021, el 79.45% de los asuntos resueltos por tribunales locales no fue impugnado, y el 95.5% de las sentencias quedó firme. Además, su operación representa menos del 0.1% del presupuesto estatal. Estos datos reflejan calidad jurisdiccional, confianza ciudadana y uso responsable de los recursos públicos.
En Oaxaca, los resultados ya se notan en la vida pública. En 2023, creció 36% el número de mujeres presidentas municipales y 90% el de mujeres síndicas en municipios con sistemas normativos indígenas.
Estos avances también se deben a prácticas de apertura judicial, como las audiencias de oídas, que fortalecen el diálogo procesal y generan confianza, especialmente en contextos comunitarios donde la palabra compartida tiene fuerza y valor.
La justicia de los tribunales electorales en los estados no solo resuelve controversias. Sostiene la confianza democrática. Cuando las decisiones se dictan cerca del territorio, con comprensión del contexto, la igualdad deja de ser formal y se vuelve sustantiva.
Fortalecer la justicia electoral desde los estados no requiere estructuras más grandes, sino más eficiencia, sensibilidad social y capacidad de respuesta.
Los tribunales estatales son el primer punto de acceso para que la ciudadanía —en especial las mujeres, incluidas aquellas que integran pueblos y comunidades originarias— encuentren protección, dignidad y reconocimiento de sus derechos políticos.
Una reforma con visión de igualdad y cercanía social debe asumir una convicción sencilla: Sin justicia en las entidades federativas, no hay democracia paritaria ni confianza ciudadana.
