Durante demasiado tiempo hemos aprendido a mirar al gobierno como si fuera el único responsable del destino de la sociedad. Cuando las cosas funcionan, reconocemos al gobernante; cuando fracasan, también lo responsabilizamos.

Pero la democracia plantea una verdad mucho más exigente: la construcción de una sociedad justa no corresponde solamente a quienes gobiernan. También corresponde a quienes somos gobernados.

No puede existir un buen gobierno sin ciudadanos libres.

Y no hablo de ciudadanos obedientes.

Hablo de mujeres y hombres que piensan, cuestionan, participan, proponen y, cuando es necesario, disienten.

La democracia no consiste únicamente en acudir a votar cada determinado número de años. El voto entrega temporalmente una responsabilidad pública; jamás significa renunciar al derecho de vigilar a quien la ejerce.

Después de las elecciones comienza quizá la tarea democrática más importante: ejercer ciudadanía frente al poder.

Recuperar la asamblea

He aprendido en los pueblos de Oaxaca que la comunidad funciona mejor cuando sus integrantes participan en las decisiones colectivas. Sin idealizar nuestras comunidades —porque también existen conflictos, contradicciones e intereses—, la asamblea conserva una enseñanza profundamente democrática: los asuntos de todos no pueden pertenecer exclusivamente a quienes gobiernan.

Por eso necesitamos recuperar las asambleas.

En cada pueblo.

En cada municipio.

En cada agencia.

En cada barrio.

En cada colonia.

Pero no hablo de reuniones organizadas para la fotografía, auditorios llenados con funcionarios, actos preparados para aplaudir al gobernante o consultas utilizadas para legitimar decisiones previamente tomadas.

Hablo de asambleas reales, con gente real y con poder real de decisión.

Recuperar la asamblea no significa solamente volver a reunirnos. Significa devolverle al ciudadano y a la comunidad una parte del poder que progresivamente se ha concentrado en gobiernos, burocracias y grupos políticos.

Participar no significa únicamente escuchar.

Participar significa deliberar, proponer, vigilar, decidir y exigir cuentas.

Las comunidades deberían poder discutir sus prioridades, participar en la definición del destino de los recursos públicos, evaluar las acciones de sus autoridades y señalar aquello que debe corregirse.

No se trata de sustituir a las instituciones ni de desconocer las facultades constitucionales de las autoridades.

Se trata de reconciliar dos dimensiones indispensables de la democracia: la democracia representativa y la democracia participativa.

El ciudadano no puede existir políticamente únicamente el día de las elecciones y desaparecer durante el resto del periodo de gobierno.

Debe permanecer presente.

Preguntando.

Proponiendo.

Vigilando.

Decidiendo.

El miedo al ciudadano.

Durante años muchos gobiernos han soslayado su responsabilidad de fortalecer auténticos espacios de participación ciudadana.

Y quizá exista una razón incómoda que debemos atrevernos a señalar:

Hay gobernantes que le temen al ciudadano.

Le temen a la pregunta que no estaba prevista.

Le temen a la crítica.

Le temen a explicar públicamente una decisión.

Le temen al escrutinio.

Y un gobierno que le teme a sus ciudadanos termina inevitablemente alejándose de ellos.

Resulta paradójico observar cómo quienes fueron elegidos para representar al pueblo terminan, en ocasiones, protegidos del propio pueblo: rodeados de escoltas, vehículos blindados, dispositivos de seguridad y barreras que hacen prácticamente imposible el encuentro cotidiano con la gente.

Entiendo que determinadas responsabilidades públicas pueden requerir medidas de seguridad. Pero cuando la excepción se convierte en símbolo de poder y distancia, algo comienza a romperse entre gobernantes y gobernados.

A esa distancia física se agrega hoy otra más peligrosa: la distancia construida por la propaganda.

Las redes sociales y los medios de comunicación deberían servir para acercar información a los ciudadanos. Sin embargo, cuando sustituyen el diálogo directo, terminan construyendo una realidad artificial.

La comunicación sustituye a la conversación.

La propaganda sustituye al diálogo.

Y la imagen termina sustituyendo a la realidad.

Entonces aparecen los informes fatuos: escenarios cuidadosamente producidos, cifras seleccionadas, discursos triunfalistas y campañas destinadas a convencernos de que todo marcha bien.

Pero ningún video, publicación, espectacular o informe puede sustituir una pregunta formulada frente a frente por un ciudadano.

Ahí comienza la verdadera rendición de cuentas.

Un gobernante democrático debería poder sentarse periódicamente frente a los ciudadanos y responder preguntas elementales:

¿Qué hicimos?

¿Qué no pudimos hacer?

¿Cuánto gastamos?

¿Por qué tomamos esta decisión?

¿En qué nos equivocamos?

¿Y qué vamos a corregir?

Eso significa gobernar frente al pueblo y no de espaldas a él.

Una democracia sin aduladores.

Existe además otro fenómeno que debemos cuestionar: la adulación alrededor del poder.

Una sociedad democrática no necesita cortesanos.

Necesita ciudadanos.

El aplauso permanente no fortalece al gobernante; lo aísla de la realidad.

Cuando quienes rodean a una autoridad únicamente le dicen aquello que desea escuchar, terminan construyendo una burbuja donde desaparece la crítica y comienza la soberbia.

Un buen gobernante no debería rodearse de aduladores.

Debería rodearse también de personas capaces de decirle:

Te estás equivocando.

La crítica responsable no constituye una amenaza para el gobierno. Puede ser uno de sus instrumentos más valiosos para corregir el rumbo.

Pero también debemos mirarnos a nosotros mismos.

No podemos denunciar la corrupción mientras buscamos privilegios particulares.

No podemos condenar el nepotismo cuando lo toleramos si beneficia a los nuestros.

No podemos exigir igualdad mientras buscamos una recomendación para colocarnos por encima de otro ciudadano.

Y no podemos proclamarnos libres si permitimos que una dádiva, una prebenda o un programa social determine nuestra conciencia política.

La libertad también exige responsabilidad.

Devolver el poder al ciudadano.

Me preocupa una sociedad que deja de pensar.

Una sociedad que acepta sin cuestionar, repite consignas, convierte al político en ídolo, confunde lealtad con obediencia y permite que otros decidan permanentemente por ella.

La democracia necesita exactamente lo contrario.

Necesita mujeres participando plenamente en las decisiones públicas.

Necesita jóvenes capaces de preguntar por qué.

Necesita pueblos indígenas defendiendo su derecho a decidir su futuro.

Necesita adultos mayores compartiendo su experiencia.

Necesita universidades produciendo pensamiento crítico.

Necesita periodistas investigando.

Necesita intelectuales capaces de incomodar al poder.

Y necesita ciudadanos que jamás renuncien a su libertad de conciencia.

Ese ciudadano se forma en la familia, en la escuela, en la lectura, en la comunidad, en el debate y en el ejercicio cotidiano de la libertad.

Por eso debemos educar no solamente para trabajar.

Debemos educar para pensar.

Porque una persona que piensa difícilmente entrega su conciencia.

Y una sociedad que piensa difícilmente puede ser sometida.

He insistido a lo largo de estos apuntes en nuestro derecho a tener buenos gobiernos.

Hoy agrego una obligación igualmente importante:

También debemos construir mejores ciudadanos.

Ciudadanos que comprendan que el espacio público les pertenece; que ningún gobernante es dueño de las instituciones; que ningún partido es propietario de la voluntad popular y que ningún programa social puede comprar una conciencia.

Necesitamos recuperar la asamblea como una institución viva de nuestra democracia y extender esa cultura participativa desde nuestros pueblos hacia nuestras ciudades.

La tecnología puede ayudarnos.

Las redes sociales pueden comunicarnos.

Pero ninguna pantalla sustituirá el encuentro humano.

La democracia también se construye mirándonos a los ojos, escuchándonos, discutiendo nuestras diferencias y aprendiendo nuevamente a decidir juntos.

Los gobiernos deben perderle el miedo a la ciudadanía organizada.

Y los ciudadanos debemos perderle el miedo al poder.

Porque rendir cuentas no disminuye a una autoridad.

La legítima.

Devolverle la palabra al ciudadano es indispensable.

Pero devolverle solamente la palabra ya no basta.

Hay que devolverle también su poder de decisión.

Ese poder debe regresar a la asamblea, al barrio, a la colonia, al municipio, al pueblo y, finalmente, a cada ciudadano consciente de su responsabilidad.

Quizá entonces podamos construir la sociedad que necesitamos: una sociedad de mujeres y hombres libres, pensantes, solidarios y capaces de ejercer liderazgo al servicio del bien común.

Menos propaganda.

Menos simulación.

Menos distancia entre gobernantes y gobernados.

Más comunidad.

Más asamblea.

Más ciudadanía.

Porque la democracia no se defiende únicamente en los congresos, los tribunales o los palacios de gobierno.

Se defiende todos los días en la conciencia y en la participación de cada ciudadano.

Y quizá ese sea el desafío democrático de nuestro tiempo:

Devolverle al ciudadano y a la asamblea su poder de decisión, para hacer de la democracia el ejercicio cotidiano del poder ciudadano.